Mientras la Justicia destapa sus vergüenzas y anuncia al mundo que tiene el sistema colapsado con más de 270.000 sentencias penales pendientes de ejecución, los padres de la niña Mari Luz Cortés han reunido ya casi 400.000 firmas en apoyo de una iniciativa legislativa popular que pide el endurecimiento de penas para los pederastas, la imposición de la cadena perpetua para los casos más graves y la publicación de una lista que reúna la negra nómina de estos individuos. La iniciativa de los padres de Mari Luz contiene algunos elementos extremos que, aunque no se compartan, se comprenden. Cualquiera en sus dramáticas circunstancias tendría que hacer notables esfuerzos de civismo para no desear lo peor al asesino, sin pensar demasiado en la legalidad. Pero la existencia de esos maximalismos no es razón suficiente para despachar su propuesta sin más. La cadena perpetua es incompatible con los principios de rehabilitación y reinserción que en nuestra Constitución tienen las penas de prisión.
Pero la Constitución establece también una especial protección a la infancia que podría permitir agravar las penas por pederastia hasta equipararlas con las más duras, las que castigan el terrorismo. Así mismo, la posible ilegalidad de la publicación de las listas de pederastas no invalida la necesidad de su elaboración para que, en manos de quien corresponda y con las debidas garantías, sean un instrumento eficaz para detectar, controlar y perseguir a estos individuos. Y, por supuesto, para hacerles cumplir la condena cuando ésta ya ha sido impuesta.
Lo del informe del Consejo General del Poder Judicial no admite, sin embargo, atenuantes. Es imperdonable que un Estado de Derecho alcance tal grado de necrosis, y produce indignación que el diagnóstico no se haya hecho de oficio sino movido por la alarma social que desencadenó el rosario de fallos concatenados que permitieron el crimen de Mari Luz. Quienes desde la política o la judicatura tienen la misión de identificar culpables y establecer condenas tendrían que aplicarse a fondo para hacer lo propio ante este desaguisado. Y hacerlo, además, rápidamente.
Porque si el sistema judicial no funciona, cualquier modificación de la ley resulta absurda. Con la ley actual y un sistema bien engrasado el día en que murió Mari Luz su asesino habría estado en la cárcel, a buen recaudo. Por el contrario, con una ley más dura y un sistema enfermo, incapaz de hacer cumplir sus sentencias, el asesino de Mari Luz habría materializado el crimen sin problemas, como lo hizo, aunque antes algún juez le hubiera condenado a cadena perpetua.
