Con esta vuelta de tuerca a la reforma financiera que presentará el Gobierno el próximo viernes 3 de febrero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.

La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones).

Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorgará un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.

Las entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.

El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.

Considera que el abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas permitirá reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado este miércoles de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español serán considerados por Bruselas ayudas públicas.

Ello significa que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.