La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa (CiU), ha reclamado a la Generalitat el pago de los 4,5 millones de euros que le adeuda, una cifra que achaca en gran parte a compromisos que adquirió al anterior gobierno tripartito.

En una entrevista de Europa Press, ha defendido que los ayuntamientos tienen que reclamar lo que la Generalitat les debe, aunque "otra cosa es si se hace responsable o no a los que gobiernan" de esta situación.

Y es que, según Conesa, el Govern de Artur Mas ha dado la cara ante "la falta de previsión" con la que actuó el tripartito, alegando que había compromisos concertados en 2007, año en que ya se apuntaba el inicio de la crisis.

Por ello, ve "absurdo" exigir el pago de forma inminente por la débil situación de las arcas catalanas tal y como demanda la moción que el PSC quiere presentar en todos los ayuntamientos en este sentido.

"Esto es no tener conciencia de la realidad. Es un brindis al sol y una falta de responsabilidad política e institucional", ha sostenido Conesa, quien considera que si el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hubiera pagado al Govern los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatut hubiera redundado en una mejora de las finanzas catalanas y municipales.

Se trata, precisamente, de casi la misma cantidad que la Generalitat debe a las entidades locales (ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones), en concreto 753 millones de euros.

Esta situación y el que la Generalitat no pueda cubrir proyectos o actuaciones cuyo coste está repartido al 50% con los consistorios provoca, según Conesa, que Sant Cugat tenga que buscar alternativas para seguir prestando al mismo nivel servicios como, por ejemplo, el de las guarderías.

Aunque descartan bajar sueldos, sí se plantean incrementar 'ratios' --siempre en consenso con los empleados de las guarderías--, de forma que el mismo equipo pueda atender más niños y, con los mismos costes, dar más servicios y tener más ingresos, entre otros planteamientos.

A la espera de que el Govern apruebe la ley de gobiernos locales y la de haciendas, Conesa ha expuesto sus preferencias en el ámbito de la financiación local, y ha reivindicado que una buena salida para los consistorios sería que tuvieran participación directa en el IRPF, como en el caso de Bilbao.

SUPRESIÓN DE SERVICIOS

Si esta opción no estuviera encima de la mesa, la alcaldesa sopesa suprimir servicios que presta actualmente este mismo año, como ha sucedido en Terrassa: "Lo estamos estudiando".

Entre los servicios que podrían resultar afectados está la eliminación de algunos talleres artísticos, como ya hicieron hace tiempo con la Casa dels Infants, y estudian otras opciones como suprimir algún horario o servicio de bus.

"O subimos mucho sus precios o nos planteamos hacerlo de forma diferente, como por ejemplo con talleres más puntuales", ha advertido.