Ay, este Trichet, que tiene la culpa de todo. Pero tenga la culpa de la crisis económica española quien la tenga, el caso es que la crisis está ahí, y que la gente ya la está notando en sus bolsillos, en el tiempo perdido en la cola de las gasolineras, en las carreteras cortadas por los huelguistas del transporte. El Gobierno repite una y otra vez que no para de trabajar, que es sensible a las preocupaciones de los ciudadanos, y que tiene a punto un paquete de medidas de choque para arreglarlo todo. El portavoz de una de las principales patronales del transporte acaba de decir por la radio que ellos no han recibido ningún paquete de medidas, ni de nada, de parte del Gobierno. Así enpieza esta semana. Como es bien sabido, la paralización del transporte de mercancías es garantía casi segura de la paralización de la vida económica. Por eso, desde antes de los tiempos de Jimmy Hoffa, desde antes incluso de La ley del silencio, los grandes gangs se organizan en el sector de la distribución en todas sus variedades, sean camiones, trenes, barcos o estibadores portuarios. Por otra parte, la huelga, reconocida como derecho de los trabajadores organizados en sindicatos, no incluye en ningun ordenamiento jurídico el derecho a la coacción de los que quieran trabajar, ni la provocación de desórdenes públicos. Sin embargo, en España las huelgas van acompañadas siempre de ambas formas de delinquir, cuyos protagonistas saben que pueden practicarlas impunemente. Y ningún Gobierno, desde 1978 hasta ahora, ha sido capaz de cumplir el mandato constitucional de enviar a las Cortes Generales una Ley de Huelga.
