Estamos ante otro "caso Malaya". Ya a pocos sorprenden descubrimientos de esta naturaleza, después del hartazgo de información que en su momento supuso saber los trucos contables y los verdaderos fraudes que cada día cometían los alcaldes y otros munícipes de la ciudad de Marbella. Ahora sucede que "el municipio vecino del sur", como no pocos sospechaban, había aprovechado las elecciones de la próspera Marbella y los estaba aplicando, reclamando el pago a los promotores favorecidos por un urbanismo generoso.
De manera que el alcalde Barrientos, como el arquitecto municipal Cebrián, Pedro López Fernández, de la cuadra de Juan Antonio Roca, el presidente de la constructora Prasa, el consejero delegado de Valle Romano..., entre otros muchos, hasta veintiséis han pasado a prisión y a disposición judicial hasta que se depuren sus responsabilidades. Pero, en todo caso, lo sucedido en Estepona pasa a engrosar el interminable capítulo de los desmanes municipales, que se han ocupado de relatarnos historias nada santas de Andratx, Telde, Mogán, Alhaurín, Totana, la Diputación de Castellón, Ciempozuelos, Carboneras... Y así sucesivamente.
Hay una queja, que esta vez parece que empieza a verse satisfecha: Los partidos nunca han tenido suficiente actitud de rechazo y abominación hacia los individuos afectados por esta clase de conductas inadmisibles. Esta vez sí, al PSOE le ha faltado tiempo para expulsar a Antonio Barrientos, y ojalá ésta actitud se repitiera en los sucesivo, en la nueva legislatura, para rectificar actitudes complacientes de la anterior etapa, cuando cada partido parecía exculpar y proteger a sus afectados por las denuncias de investigadores y jueces.
Si no se plantan de manera firme los dos grandes partidos, y afean públicamente la conducta de los suyos que vulneren la legalidad con esta clase de corrupciones de grandes dimensiones, las prácticas continuarán y se extenderán. Todavía, se preguntan los ciudadanos, es seguro que hay muchos otros Marbellas y Esteponas por descubrir, denunciar y, sobre todo, evitar. También parece existir una clara necesidad de que las instancias dedicadas a supervisar la actuación municipal -las Comunidades Autónomas-, expliquen sus demoras en la revelación de los fraudes y restantes malas prácticas, sin prestar atención ni detenerse en función del color político de cada ayuntamiento.
La lacra que ha afectado a tan elevado número de ayuntamientos no debiera poner en entredicho la gestión, se supone que generalmente limpia y modélica, de la mayor parte de los ayuntamientos, que por cierto, en la nueva fase económica, tras la crisis inmobiliaria, se verán en la necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas, de modo que les den estabilidad económica y permitan afrontar sus necesidades de atención a los ciudadanos.
